La medida también alcanzó a Antonio Ringano, CEO de la empresa de camiones IVECO, por defraudación a la administración pública a raíz de los contratos por minutos de espacios de publicidad en el programa televisivo “Fútbol Para Todos”. El tribunal también trabó un embargo de 25 millones de pesos en el caso de Fernández y de 15, en el caso de Rigano.
La acusación es por las irregularidades cometidas en el acuerdo entre el programa con su único anunciante privado, Iveco. La indicación de ahondar en este tramo de la investigación había sido dada por la Sala en el año 2016 a la jueza María Servini, quien investigaba la trama de Fútbol para Todos.
En el fallo de la Sala se establece que hubo un primer contrato el que estableció con IVECO, “el precio y demás condiciones referidas al sponsoreo de los torneos de fútbol. Por cuanto los convenios posteriores aparecen como meras renovaciones de aquel, presentando como única modificación relevante el ajuste del precio por inflación”. Ese acuerdo lleva las firmars de Fernández y Ringano.
Para la justicia está claro que, a pesar de que la AFA, le cedió al Estado la totalidad de los derechos por la transmisión de los torneos, los $ 9 millones que pagó la empresa de camiones como auspiciante se repartieron entre el Gobierno y la Asociación.
“En virtud del acuerdo madre suscrito entre la Jefatura de Gabinete y la AFA el 20 de agosto de 2009 (“Contrato de Asociación para la Transmisión de Espectáculos de Fútbol por Televisión Abierta y Gratuita”) en este caso la AFA nada debía recibir”, sostuvo Leopoldo Bruglia, miembro de la Sala junto a Jorge Ballestero.
Fernández había tenido que declarar en este tramo de la causa en julio pasado, en el juzgado de María Servini, donde ya estaba procesado por desde junio de 2016, en el marco de la causa de Fútbol para Todos.
La ampliación de la indagatoria había sido pedida por la Sala I de la Cámara Federal que, en el mismo fallo que confirmó el procesamiento de Fernández y el también ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, al tiempo que dictó la falta de mérito a Juan Manuel Abal Medina.
Entonces, la indagatoria ahondó en el contrato con la automotriz Iveco, que pagó con camiones y dinero parte de las publicidades de los partidos. El convenio con la empresa estuvo a cargo de Gabriel Mariotto, primer coordinador del programa y quien ya está procesado por el delito de peculado.
Para la justicia fue él quien se encargó del contrato con Iveco y recomendó su firma a los jefes de gabinete. Fernández, por su parte, sostuvo en su indagatoria en que en lo referente a Iveco que se trataba de derecho de sponsoreo y no de publicidad.
Fernández ya estaba procesado por defraudación a la administración pública, por no haber controlado el dinero del Estado una vez que entraba a la AFA.
Inicialmente, tanto él como Capitanich y Abal Medina fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, pero en marzo de este año llegó la decisión de la Sala de confirmar su situación y la de Capitanich y dictar la falta de mérito para Abal Medina.
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