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Lula, de 72 años, debe presentarse hasta las 17 horas del viernes (20:00 GMT) para entregarse a la Policía Federal en Curitiba, en el sur de Brasil, según el texto de la orden difundido por varios medios brasileños.
La Corte Suprema negó un pedido de «habeas corpus» con el que el ex mandatario pedía que se suspenda una posible orden de arresto contra él hasta que su condena a 12 años de cárcel sea firme en todas las instancias judiciales posibles.
Moro condenó el año pasado a Lula inicialmente a nueve años y medio de cárcel por cargos de que aceptó sobornos de la constructora OAS en el marco del escándalo de corrupción política «Lava Jato» («Lavado de autos»).
Un tribunal de apelación de Porto Alegre confirmó en enero de este año la condena y aumentó la pena de cárcel a 12 años y un mes. Pese a la condena, Lula quiere volver a ser candidato presidencial para las elecciones del 7 de octubre y es favorito en todos los sondeos.
Después del fallo del Supremo en la madrugada, simpatizantes del ex presidente habían pedido en las redes sociales formar una «cadena humana» delante de la casa de Lula para evitar un posible arresto.
Según el despacho de Moro, Lula debe permanecer preso en Curitiba en un calabozo de la Policía Federal. La orden judicial le da margen para que se entregue «voluntariamente» y descarta el «uso de esposas» para el ex jefe de Estado.
«En razón de la dignidad del cargo ocupado, se preparó previamente una sala reservada, una especie de sala de Estado Mayor, en la propia superintendencia de la Policía Federal, para el inicio del cumplimiento de la pena, en la cual el ex presidente estará separado de los demás presos, sin ningún riesgo para su integridad moral o física», agregó también el texto.
Moro condenó el año pasado a Lula inicialmente a nueve años y medio de cárcel por cargos de que aceptó sobornos de la constructora OAS en el marco del escándalo de corrupción política «Lava Jato» («Lavado de autos»).
Un tribunal de apelación de Porto Alegre confirmó en enero de este año la condena y aumentó la pena de cárcel a 12 años y un mes. Pese a la condena, Lula quiere volver a ser candidato presidencial para las elecciones del 7 de octubre y es favorito en todos los sondeos, con hasta el 37 por ciento de los apoyos.
Lula ya está automáticamente inhabilitado para ser candidato por la ley de «Ficha Limpa»(«expediente limpio»), aunque una corte electoral debe dar un veredicto oficial. Eso ocurrirá previsiblemente en agosto, cuando se inscriban las candidaturas.
El caso de Lula amenaza con causar un terremoto político en las próximas horas en Brasil.
El miércoles, miles de personas salieron a protestar en los últimos días tanto a favor como en contra del ex jefe de Estado (2003-2010) e ícono de la izquierda en América Latina.
Lula, que dejó su cargo el 1 de enero de 2011 como uno de los políticos más populares del planeta, sigue teniendo grandes apoyos entre las clases más pobres por el éxito de los programas sociales de sus Gobiernos.
Las clases medias y altas, sin embargo, rechazan al ex líder obrero por los numerosos cargos de corrupción que se le imputan.
Lula es el acusado más conocido por el caso «Lava Jato», un megaescándalo de corrupción que salpica a casi toda la clase política brasileña.
Lula está acusado en varios juicios vinculados con «Lava Jato». Moro, a cargo de los principales procesos del caso en su tribunal de Curitiba, lo condenó el año pasado en un primer juicio por cargos de que aceptó de OAS la reforma de un apartamento a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con Petrobras.
La petrolera estatal está en el centro de los escándalos de «Lava Jato».
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