Reclaman ante la Corte revisar la pesquisa contra Arribas

El senador nacional Fernando «Pino» Solanas y su asesor legislativo Alejandro Olmos Gaona presentaron nueva documentación ante la Justicia que revelan la falta de investigación judicial sobre las cinco transferencias bancarias que recibió el titular de la AFI, Gustavo Arribas, por parte de Leonardo Meirelles, condenado por el Lava Jato en Brasil.

Según la presentación, el jefe de los espías en la Argentina dejó varios «huecos» en su explicación sobre el origen del dinero recibido.

En un principio, el funcionario desmintió que fueran u$s 600.000 y habló de u$s 75.000. Luego, explicó que los recibió por la venta de un departamento. Más tarde, se desdijo y aseguró que cobró ese dinero fue la venta de los muebles de su departamento.

Lo cierto es que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral solicitó un informe al Banco Central, que lo desvinculó de maniobras ilegales, y que sumado a un documento que la Oficina Anticorrupción presentó espontáneamente, alcanzaron para sobreseer al funcionario, todavía representado por Alejandro Pérez Chada, abogado de la familia Macri y nuevo asesor legal de AA.

«El juez ni siquiera esperó ningún otro informe, ni aceptó que declarara Leonardo Meirelles», recordaron Solnas y Olmos.

El fiscal Federico Delgado apeló la decisión de Canicoba con los argumentos presentados por los dos denunciantes y la causa llegó a que la Cámara Federal, donde el Fiscal Germán Moldes desistió de la apelación de su colega Delgado.

«Las pruebas producidas despejaron lo realmente ocurrido», esgrimió el candidato a procurador general.

Finalmente, fue el procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien recogió el expediente y lo elevó a la Corte Suprema, con la declaración de Meirelles ante los fiscales federales, incluida. En ese testimonio el cambista ratificó que había transferencias por s$s 850.000 a favor de Arribas.

En este marco, Solanas y Olmos presentaron un pedido ante el máximo tribunal para que sean aceptados como «amicus curiae» de la causa y solicitaron múltiples medidas de pruebas para llenar los «huecos» vacíos.

Para ser admitidos como «amicus», Solanas y Olmos recordaron la causa N° 761 sobre los crímenes ocurridos en la ESMA, que reconoció a organismos internacionales de derechos humanos, y la Acordada 28/04 de la Corte, que insta a la «participación ciudadana en la administración de justicia».

«Existen una cantidad de medidas de prueba, que no se realizaron, por lo cual el sobreseimiento, además de prematuro, pone en evidencia que no se ha querido investigar a fondo sobre la denuncia que oportunamente se efectuara, y eso es lo que hay que hacer sin recurrir a formalidades y dilaciones, que conspiran contra la búsqueda de la verdad», resaltaron en el texto entregado a los supremos.