A diferencia de la ex presidente, Cristina Kirchner, el ex ministro y el empresario cuestionaron el final de la instrucción en ese expediente.
La ex presidenta Cristina Kirchner, una de las procesadas, ya se manifestó a favor del debate. En realidad es parte de una estrategia que busca acelerar las causas en su contra y tratar de unificarlas en un mega juicio.
En cambio, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el propio Báez cuestionaron la decisión y volvieron a reclamar su sobreseimiento.
En total son 20 personas procesadas que irán a juicio oral y público para ser juzgadas por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
En el listado también figuran Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública que está preso desde el 22 de diciembre por intentar entorpecer la causa, y el ex secretario de Obras Públicas José López.
En diciembre, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le habían pedido al juez federal la elevación a juicio. Ercolini, entonces, le corrió vista a las partes y a las querellas, que contestaron durante la feria judicial de enero.
La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner pidió la semana pasada que la causa vaya a juicio cuanto antes, aunque criticó su procesamiento y reclamó estar presente cuando se haga el sorteo del tribunal.
En cambio, las defensas de De Vido, Báez y del ex titular de Vialidad Nelson Periotti se opusieron a la elevación a juicio: «Las requisitorias de elevación a juicio claramente son producto de incongruencias y deficiencias jurídicas».
«Las mismas no se corresponden con una relacion clara, precisa y circunstanciada de los hechos penalmente reprochables, la calificación legal es producto del esfuerzo de manipula los hechos de acuerdo al tipo legal escogido y los motivos en que se fundan son arbitrarios, basadas en especulación política», argumentó la defensa del ex ministro de Planificación en un escrito de apenas tres carillas.
En tanto, la defensa de Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por más 46.000 millones de pesos, cuestionó la instrucción y vaticinó que las acusaciones fracasarán durante el juicio.
«No es posible permitir que cualquier caso vaya a juicio y sobre todo llegue a juicio de cualquier modo y con una plataforma básica expuesta en requerimientos de elevación que no puede ser sostenido con un mínimo de sentido común», dice uno de los párrafos del escrito firmado por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.
Al igual que Cristina, la defensa de Báez también está preocupada por la elección del tribunal oral. Por eso pidió que el sorteo se haga «mediante el sistema de bolillero manual».
Con todo, en los primeros días de febrero, el juez firmará la elevación a juicio. Y le sumará el pedido de indemnización por daños y perjuicios que hizo parcialmente Vialidad Nacional dentro de la causa penal. La presentación se completará esta semana (luego de tres prórrogas) pero ya trascendió que el organismo que conduce Javier Iguacel le reclamará $ 22.500 millones a los imputados en caso de una condena.
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