El juez federal, Sebastián Casanello, dio por cerrada la instrucción y elevó elevó a juicio oral y público la causa conocida como la ruta del dinero K, donde Lázaro Báez está acusado por lavado de activos con un embargo de 600 millones de dólares.
Hace dos días, la Oficina Anticorrupción y la UIF habían ratificado el pedido para que la Justicia indague a la ex mandataria, mientras que un mes atrás la Cámara le reclamó a Casanello que decida si llamaba a indagatoria a la actual senadora por Unidad Ciudadana.
El magistrado por el momento descartó estas solicitudes pero esta semana el juez ordenó medidas para investigarla.
De acuerdo con Casanello, los millones que lavó Báez tienen origen en la asignación delictiva de obra pública que investiga el juez Julián Ercolini, quién procesó a la ex presidente, junto con Báez, acusada de asociación ilícita y fraude.
En esta causa, Casanello y la Cámara consideraron probado que el empresario patagónico sacó del país 60 millones de dólares de origen ilegal a través de la financiera SGI.
Junto con Báez, irán a juicio otros 24 procesados, incluidos sus cuatro hijos, su abogado Jorge Chueco, su contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, entre otros.
En esta causa, Báez, Pérez Gadín y el abogado Chueco están procesados por el delito de lavado de activos, con relación a fondos que circularon a través de la financiera conocida como «La Rosadita».
Báez cuenta con tres procesamientos por lavado de dinero, en tanto que sus cuatro hijos están acusados por el mismo delito: una de las acusaciones es por haber recibido dinero de la obra pública durante el kirchnerismo.