El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, fue procesado este jueves con prisión preventiva por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado en las obras de remodelación de la mina de carbón de Río Turbio (Santa Cruz), y fue embargado por 250 millones de pesos.
La decisión la tomó el juez Luis Rodríguez, quien había solicitado el desafuero y detención del diputado, en el marco de la causa donde lo acusó de malversación de fondos por 26.000 millones de pesos y un desvío de 265 millones de pesos. El embargo trabado fue de 250 millones de pesos.
Los fondos debían destinarse a la modernización de la mina de Río Turbio y a la construcción de la Usina Térmica.
Además, se agregó la puesta en valor de un tren por casi 443 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente.
La maniobra se montó en diversos convenios marco de cooperación entre YCRT y la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
«El convenio celebrado en el año 2008 entre el YCRT y la UTN fue el andamiaje legal a través del cual se orquestó la maniobra defraudatoria, que excediendo y explotando al máximo ese instrumento implicó un claro perjuicio al patrimonio estatal», destacó el juez en la resolución de más de 200 carillas.
La Fundación, actualmente intervenida, compró un inmueble en San Isidro en 2013 y tiene «millonarias inversiones en productos bancarios».
«A contrario de lo enfatizado por la defensa, el imputado De Vido sí recibió «informe o alarma de desvío de fondos» sobre el vínculo contractual entre YCRT y la Facultad Regional Santa Cruz, convenio sobre el cual el MINPLAN decidió enmarcar el proyecto del ramal ferroviario Eva Perón», remarca el fallo.
A su vez, en la resolución, el magistrado aclaró que irá resolviendo la situación procesal de los demás imputados a medida que avancen las indagatorias.