Julio De Vido escuchó las acusaciones en su contra

Tras el fracaso de todas la maniobras que intentó para retrasar las audiencias, el ex ministro ingresó poco antes de las 9.30 a la sede judicial donde enfrentará el juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once, en el que se lo acusa de “estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas, más una por nacer y lesiones que sufrieron 789 personas”.

Se trata del primer juicio oral contra quien fue ministro durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de las varias causas judiciales que tiene. De Vido está procesado por las irregularidades en la obra pública, la compra de trenes chatarra a España y Portugal y la no renovación de contratos ferroviarios, entre otras.

Desde hoy, el Tribunal Oral Federal 4 comenzó el juicio en el que también está acusado Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).

Ambos serán juzgados por los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, que tienen una pena que va de los tres a los 11 años de prisión. En caso de una condena por la pena mínima será de cumplimiento efectivo en una prisión.

Para esta primera audiencia se montó un operativo especial de seguridad por la presencia de familiares de las víctimas. Además del personal habitual de Comodoro Py, hay dos equipos de contención de la Unidad de Intervención Territorial (DUIT), otro del escuadrón antibombas y personal de video para grabar.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once y fallecieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas. La explotación del Sarmiento estaba a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y con el contrato vencido.

Ya hubo un primer juicio en el que se determinó que el tren funcionaba en malas condiciones y que hubo malversación de los fondos que el estado le daba a TBA para el mantenimiento del servicio. En ese primer juicio el Tribunal Oral Federal 2 condenó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, a la pena única de seis años de prisión, y Juan Pablo Schiavi, a ocho años; a Sergio Cirigliano, dueño de TBA, a nueve años; a 17 ex directivos de esa compañía; y a Marcos Córdoba, el motorman que manejaba el tren, a tres años y seis meses.

A pesar de que la mayoría de las condenas son de cumplimiento efectivo, el único que está preso es Jaime y por otras causas. El resto transcurre en libertad porque a casi dos años del veredicto la Cámara Federal de Casación Penal todavía no resolvió si confirma o revoca la sentencia del tribunal.

El fiscal acusó a De Vido de «no haber controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado Nacional puso a disposición de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.».

El viernes pasado renunciaron Adrián Maloney y Julio Virgolini, los históricos abogados de De Vido, y ayer asumió su defensa Maximilino Rusconi y Gabriel Palmeiro. Su primera actuación fue pedir la postergación del inicio del juicio para tener tiempo de ver la causa. El tribunal le dijo que no y ratificó el inicio del juicio.

El proceso estará a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez y como cuarta magistrada estará Ana D’Alessio. El fiscal será Juan García Elorrio y hay cinco querellas: la Oficina Anticorrupción y otras cuatro -unificadas en dos- que representan a los familiares de las víctimas.

Durante el juicio está previsto que declaren cerca de 80 testigos entre ellos algunos ex funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como Florencio Randazzo, quien se hizo cargo de la política ferroviaria después de la tragedia de Once; los ex ministros de Economía Roberto Lavagna y Miguel Ángel Peirano. También Leandro Despouy, ex titular de la Auditoría General de la Nación, organismo que elaboró un informe que fue prueba en el primer juicio, Manuel Garrido, ex fiscal de Investigación Administrativas, y Rubén «Pollo» Sobrero, dirigente gremial de la línea Sarmiento.