El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, busca un acuerdo con sus colegas sobre algunos puntos básicos para la reforma fiscal que encara la Nación. El borrador -que ya circula entre los mandatarios- comenzaría a analizarse mañana en la reunión a realizarse en la Capital Federal y que tiene como eje la defensa jurídica de las provincias ante el reclamo judicial de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano.
El documento establece como idea general «bajar impuestos que penalizan la producción» y quitan competitividad al aparato productivo. En paralelo se avanza «en la devolución a las provincias de los recursos de coparticipación que les corresponden por ley y que, injustamente, se queda» la administración central por las excepciones en el reparto.
La propuesta incluye aspectos como la baja de la alícuota del impuesto al cheque y el aumento de su coparticipación (una de las distorsiones más importantes que marcan las provincias). Hoy, de los ingresos provenientes por ese tributo, se coparticipa el 30% por lo que las provincias perciben el 17% del total. «Hay mucho margen para trabajar en ese sentido», graficó un funcionario cordobés.
Como contrapartida ofrecen que las jurisdicciones bajen la alícuota de Ingresos Brutos empezando por las que alcanzan a contribuyentes «de extraña jurisdicción» (los que se cobran a empresas no radicadas en el territorio provincial, pero que operan en él). Este esquema -cada vez más generalizado- terminó transformándose en una suerte de sistema de «aduanas interiores».
Son varias las demandas judiciales aceptadas por la Corte Suprema contra ese impuesto; hasta ahora el tribunal declaró la admisibilidad de su intervención sin resolver la cuestión de fondo, pero los gobernadores entienden que en el corto plazo podría salir una sentencia en ese sentido.
Los gobernadores coinciden con la Nación con que en la reforma fiscal hay que avanzar primero por los impuestos más distorsivos, por eso los ejes diseñados por Córdoba. La dinámica impulsada apunta a corregir un aspecto de Ingresos Brutos que «no es menor», en especial para las jurisdicciones más grandes como Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Los mandatarios buscan acordar una posición para la otra gran discusión de este año y que va en paralelo al conflicto abierto entre las provincias y Buenos Aires por el Fondo del Conurbano. Hace unos días, el Gobierno analizó el borrador de la reforma tributaria que impulsa cambios graduales con foco en la sustentabilidad fiscal.
Los funcionarios, entre otros puntos, evaluaron el futuro de Ingresos Brutos y el impuesto al cheque, aspectos en los que no pueden avanzar sin acuerdo con las provincias. Además son aspectos que se vinculan directamente con el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, cuyas bases ratificaron hace unas semanas los ministros provinciales de Economía con Nicolás Dujovne.
Si pierden ingresos -por ejemplo, ante un eventual fallo de la Corte en favor de Buenos Aires o porque reducen impuestos- no podrán cumplir los objetivos de superávit fiscal establecidos en ese acuerdo por más esfuerzos que hagan en reducir el gasto. Esa es la clave del sistema de «compensación» que plantea la iniciativa cordobesa.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indica que el año pasado, respecto de 2015, Chaco tuvo la mayor suba del gasto total, con 5,33%; le siguieron Buenos Aires (2,96%); ciudad de Buenos Aires (1,71%), y San Luis (1,08%). Los distritos que lo redujeron en mayor medida fueron Santa Cruz (15,29%), Misiones (14,97%), Santiago del Estero (12%) y Catamarca (9,64%).