El juez Ercolini citó a indagatoria a Cristina Kirchner

El juez Julián Ercolini llamó a indagatoria a Cristina Kirchner para el 9 de noviembre, y a su hijos Máximo y Florencia Kirchner el 13 y 15 de noviembre en la causa Hotesur SA, donde se investiga lavado de dinero.

Se trata de la empresa familiar dueña del hotel Alto Calafate. El llamado a indagatoria incluye a Martín Báez y a Lázaro Báez, dueño de Valle Mitre SRL, empresa que administró el hotel desde 2008 a julio de 2013 y que además alquiló habitaciones que nunca utilizó.

Osvaldo Sanfelice, quien gerencia el hotel actualmente, también deberá declarar junto otros 19 involucrados en la causa, entre ellos se encuentra Romina Mercado sobrina de la ex mandataria y el detenido contador Víctor Manzanares. Asimismo, el magistrado mantuvo la inhibición general de bienes sobre los imputados.

Después de las elecciones de octubre, la ex Presidenta deberá volver a los Tribunales de Comodoro Py para declarar, una vez más, en una causa vinculada a Lázaro Báez. El 5 de octubre comenzará la ronda de indagatorias con apoderados de las empresas del Grupo Austral y la ex Jefa de Estado será indagada el 9 de noviembre, mientras que sus hijos Máximo y Florencia declararán el 13 y 15 de noviembre respectivamente.

Con una intervención con veedores de la AFIP, el hotel Alto Calafate el primero que compraron los Kirchner en la villa turística, es investigado por ser utilizado para maniobras de lavado de dinero. La empresa pertenece en la actualidad en partes iguales, a Máximo y Florencia Kirchner tras la cesión de bienes que hizo la ex presidenta en marzo de 2016. Las acusaciones sobre ellos son por lavado de activos a través de sus hoteles, que hasta 2013 fueron gerenciados por el empresario K y posteriormente, por Sanfelice.

Mientras el amigo y ex socio de la ex familia presidencial era el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz (52 contratos por $ 46.000 millones), paralelamente garantizaba a los ex presidentes y a sus hijos ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimiento hoteleros. Todo permitió a la entonces familia presidencial «aumentar notablemente su patrimonio«.

Como delito precedente del lavado consignan la defraudación al Estado Nacional, partiendo de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, y en la que Cristina Kirchner y Báez están procesado por asociación ilícita. Con «el amigo presidencial» y sus empresa beneficiadas con un flujo de fondos constante por los contratos viales durante el kirchnerismo, se produjo un perjuicio al erario público por tratarse de obras que en su mayoría no se concluyeron y que obtuvieron un sobreprecio promedio del 65%.

La hipótesis que se investiga, es que parte de ese dinero llegó a manos de los ex presidentes y sus hijos «a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad», lo que les aseguraba -según señalan los fiscales- poder declarar dichos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco «ocultando su verdadero origen».

El circuito planteado y por el cual se hace el llamado a indagatoria, inicia en la fortuna amasada por Báez (en 2003 antes de constituir Austral Construcciones tenía un patrimonio de $ 800 mil, en la actualidad el mismo supera los $ 2.547 millones), y que habría sido usada por la ex familia presidencial para la adquisición hoteles. También, para hacer mejoras en los mismos y después entregándole la administración y explotación nuevamente a Báez.