16 de junio, 2017

La Justicia frenó el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires

Lo determinó el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias. Alcanza a EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y cooperativas que operan en el interior bonaerense

El juez en lo contencioso administrativo Luis Arias decidió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo y suspender nuevamente la aplicación de las nuevas tarifas del servicio eléctrico de La Plata y el interior de la Provincia, establecido a través de la resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura.

El fallo dictado por el magistrado en lo Contencioso Administrativo alcanza a las empresas EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y las cooperativas que operan en el interior de la Provincia.
La medida se conoce una semana después de que un fallo de la Cámara suspendiera los efectos de una precautelar dictada con anterioridad por el Juez, que en el interín convocó a audiencias para acercarse a un aumento “razonable” del servicio, tal cual pidió el Defensor del Pueblo.

 

 

Según postula el Defensor Guido Lorenzino, los aumentos en la tarifa del servicio eléctrico deben aplicarse en función de los incrementos salariales que vayan percibiendo los ciudadanos, una correlación “razonable” que, según su criterio, no se estaría dando con las subas propuestas por el gobierno nacional.

 

 

«La Provincia tiene que notificar a las Distribuidoras para que confeccionen nuevas facturaciones si ya habilitaron los aumentos», explicó el Defensor del Pueblo a través de Twitter, y aclaró que «la medida determinó que no sean afectados los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social, Electro Dependientes, ni entidades de bien público».

 

 

 

La “razonabilidad” expresada por ese organismo busca que los aumentos se equiparen a los incrementos salariales que viene negociando la Provincia, y que rondan el 20 por ciento, en contraposición de los autorizados por el Ministerio de Infraestructura, que promedian el 60% con picos de hasta 133 por ciento en algunos casos, como el de La Plata.

 

 

 

 

Cabe destacar que aún no existe una sentencia firme, habida cuenta de que, como en las ocasiones anteriores, el Gobierno seguramente apelará el fallo y quedará en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.