Desestiman denuncia contra Hebe de Bonafini

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi desestimó por inexistencia de delito una denuncia formulada contra la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini , quien había dicho que Mauricio Macri era un «hijo de mil putas y un dictador».

La denuncia que le cayó al magistrado fue realizada por Alberto Asseff, del Partido Nacionalista Constitucional, y diputado por el Parlasur del Frente Renovador, quien accionó al considerar que con sus dichos Bonafini había «atentado contra el orden democrático«.

El 24 de marzo pasado, Bonafini dio un discurso sobre el cierre de la marcha por el Día de la Memoria la Verdad y la Justicia. En aquella ocasión había dicho: «Compañeros, pasan muchas cosas y acá no es cuestión de ser democrático o no (…) cuando alguien no nos guste, hay que decírselo en la cara, compañeros. Hay que decir lo que sentimos, basta de ser democráticos para ser buenitos. Me cago en los buenos, no soy buena… no podemos ser buenitas, no podemos no insultar, no podemos callarnos, no vamos a negociar. Jamás negociaremos con estos asesinos, jamás nos sentaremos en un sillón, ni cerca. Desde que entró al poder dije que Macri era un dictador y lo sigo repitiendo. Es un reverendo hijo de mil putas y un dictador…».

Según el denunciante, Bonafini, «a través de un discurso violento y enardecido, incita a sus seguidores y oyentes a una lucha sin límite contra el orden democrático en el ejercicio de la presidencia del ingeniero Mauricio Macri».

El fiscal Guillermo Marijuán consideró que no debía abrirse una investigación debido a que «en la presentación que dio origen a estos actuados no surge el anoticiamiento de un hecho susceptible de reproche penal, sino una alegación sentada en meras suposiciones sin un sustento fáctico que permita el inicio de una investigación criminal».

Martínez De Giorgi, el mismo juez que procesó a Bonafini por el desfalco del programa Sueños Compartidos, avaló los argumentos de Marijuán (quien reemplazaba al fiscal original del caso Carlos Stornelli) y desestimó la denuncia.

En la resolución, el juez señaló que «de la lectura de la denuncia que dio origen a la presente, surge que se pretende someter a investigación las manifestaciones esbozadas por una persona, integrante de un organismo de derechos humanos, expuestas en el contexto configurado por la manifestación que fuera convocada en virtud de un nuevo aniversario del golpe militar que dio inicio al Gobierno de Facto en este país en el año 1976, las cuales, por sí solas, no encuentran encuadre en ninguna de las figuras previstas en el Código Penal de la Nación».

Para el juez, «las expresiones sometidas a investigación se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión que se encuentra consagrado en nuestra constitución nacional».

Martínez De Giorgi citó fallos de la Corte Suprema de Justicia que protegen el derecho a la libre expresión de ideas y a la libertad de prensa: «Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal… Está claro que la Constitución, al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica».

El juez federal aclaró que «no desconoce que el derecho a la libre expresión no es absoluto, por cuanto su rango constitucional no tiene como finalidad tornar impunes aquellas expresiones que, malintencionadas, lesionen derechos de terceros».

Martínez De Giorgi concluyó que «corresponde indicar que, habiendo analizado el hecho investigado, valorando el contexto en el cual las expresiones denunciadas fueron manifestadas, es posible concluir fundadamente que su exposición pública sólo consiste en la manifestación de un pensamiento propio de una representante de un organismo de derechos humanos que no hace más que reflejar sus ideas, sin que se desprenda de ello alguna intencionalidad maliciosa para con el estado de derecho o el orden constitucional, como así tampoco se sigue de aquella un interés por lesionar derechos de terceros».