«Es un escándalo que no se sepa quiénes cobraron esos 35 millones de dólares [de coima]». El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se refirió así a las coimas que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en la Argentina.
Garavano dijo que «el Gobierno tiene un interés especial» en que se conozcan los detalles de los sobornos. «Ellos [Odebrecht] manifiestan que lo que hay son declaraciones de arrepentidos en Brasil y documentación sobre transferencias de cuentas, que eso no está sistematizado en una lista», sostuvo.
«Como en Brasil se investigó sobre los hechos de Brasil y no tanto de la Argentina, en principio no habría [una lista], hay que construir la prueba en base a estos testimonios», agregó.
La empresa brasileña le expresó a la gestión de Mauricio Macri que está dispuesta a entregar datos detallados de los sobornos y a pagar una multa de US$ 35 millones, el equivalente a las coimas reconocidas hasta ahora. A cambio pidió no ser perseguida por la Justicia y seguir trabajando en el país, tanto en las obras en marcha como en posibles licitaciones futuras.
La compañía hizo su primera propuesta la semana última y el Poder Ejecutivo elaboró una contraoferta, pero, por ahora, las partes no logran coincidir en sus pretensiones.
«La pelota está del lado de Odebrecht. Con esta reunión vamos a conocer si quieren o no quieren acordar con nosotros», dijo un alto funcionario del Gobierno sobre el encuentro previsto para hoy. Se espera que el ministro haga una contrapropuesta que elaboró en las últimas horas junto con el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
Además del tironeo con Odebrecht, el Gobierno mantiene una puja con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, señalada como la primera receptora de la información del Lava Jato que podría llegar desde Brasil a partir de mañana. En rigor, los destinatarios finales de la información son los fiscales que instruyen causas contra Odebrecht (y que viajarán el viernes al país vecino para avanzar en la colaboración).
El Poder Ejecutivo muestra recelo ante la posibilidad de que la jefa de los fiscales tenga el monopolio de la información, que podría salpicar tanto al kirchnerismo como al macrismo. «Insistimos en el acuerdo con Odebrecht porque es una manera de no depender de nadie para tener información de primera mano», indicaba ayer un vocero oficial.