En febrero, en el marco del programa Precios Cuidados, se había acordado una suba del 3,35% todos los meses, pero al aceleración de la inflación obligó a hacer una ajuste mayor.
El Gobierno de Mauricio Macri había intentado trasladar a Culotta de jurisdicción. La maniobra, una vez advertida por la oposición, fue tachada de ilegal por distintos motivos –Culotta no tenía la competencia necesaria y ya había un concurso iniciado-, por lo cual se deberá conformar con un “interinato” que abarca todo el período electoral.
La designación se votó en la sede del Consejo de la Magistratura en la Capital Federal y reunió ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
El 14 de diciembre del año pasado, de manera “espontánea”, Culotta elevó una nota al Consejo de la Magistratura mostrando su interés en quedarse con el juzgado, cuya competencia, el Consejo había dividido en dos: por un lado, la criminal y correccional, hacia Ernesto Kreplack, titular del juzgado 3, y, por el otro, la electoral, derivada a Servini de Cubría, de la Capital Federal.
En su carta al Consejo de la Magistratura, Culotta dijo que el motivo de la petición es su interés “en un crecimiento profesional teniendo en cuenta que se trata de un juzgado con mayor jurisdicción territorial, donde tramitan causas complejas, en especial aquellas vinculadas con delitos de lesa humanidad”.
Culotta fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por Estela de Carlotto, que lo acusó, en su paso por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, de haber tergiversado pruebas y haber invocado hechos falsos durante el juicio contra el ex secretario del Ejército Eduardo Alfonso, en 2011, por delitos de lesa humanidad, con la intención de garantizar su impunidad.
La petición de Culotta fue bien acogida dentro de la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura que, para guardar las formas, pidió a la Cámara Federal que diera su opinión. Por mayoría, ese cuerpo decidió no presentar objeciones aunque con un recaudo: los jueces marcaron que es competencia del Consejo velar por la legalidad del traslado.
Esa luz amarilla, sumada a la inminencia de un escándalo, decidieron al Gobierno de ir por el plan b, que, se concretó esta tarde, cuando la subrogancia pasó de La Plata a Tres de Febrero, y el control de una elección clave como la bonaerense, quedó en manos amigas.
En febrero, en el marco del programa Precios Cuidados, se había acordado una suba del 3,35% todos los meses, pero al aceleración de la inflación obligó a hacer una ajuste mayor.
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